Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa

Cuando llega al control del gobierno, el neoliberalismo alude a la gobernabilidad como sinónimo de lo responsable. Mientras que al momento de la confrontación contra un gobierno de rasgos populares, el neoliberalismo define a la gobernabilidad como equivalente de lo autoritario.

Lo que se busca en ambos casos, es someter al opuesto bajo la amenaza latente de ser apremiado a transitar por la opinión pública con la etiqueta de “irresponsable” o “autoritario” en la espalda. En especial, cuando el enemigo se jacta de ser dueño de las usinas que amasan minuto a minuto el sentido común. De modo que así es cómo se avanza hacia la subordinación disciplinada de los representantes de los diversos sectores de la sociedad.

Pero existe, sin embargo, una manera de evitar convertirse en un engranaje funcional dentro de ese mecanismo, y surge de preguntarse, ¿es acaso el sostén de la democracia una cuestión de gobernabilidad? ¿O es una cuestión de representatividad?

Si se parte de la base que para el neoliberalismo la democracia es un pilar absolutamente prescindible, resulta posible entender mejor que el argumento de la gobernabilidad no es más que una tela de araña tejida con el único objetivo de atrapar a todo aquel que vuele en dirección contraria. En otras palabras, se pone el acento en la consecuencia para anular la causa.

Es en este punto donde se impone la necesidad de tajar la diferencia entre la representación y la representatividad. Un agente puede ser designado para representar, pero si no representa lo que le fue confiado deviene en una pieza que no hace más que ocupar el casillero de un tablero. El auténtico riesgo para la gobernabilidad comienza en el instante en el que la mayoría de los espacios de representación dejan de representar otros intereses más que los personales. Esa actitud se desnuda cuando los agentes políticos fijan la mira en garantizar su propia permanencia, disponiéndose así a abdicar los principios que en el discurso público afirman interpretar. El efecto inmediato es la licuación de la representatividad ante a una manifiesta priorización de lo burocrático por sobre lo transformador.

Es imperante señalar que la mutilación de la representatividad dentro del espectro de ámbitos de representación, no cancela la demanda del sujeto –ya sea éste individual o colectivo. Es decir, que por más que domine en lo público un estado de subrepresentatividad, las demandas privadas seguirán pujando por ser atendidas. Cuanto

más tiempo se dilata la atención de los reclamos, más fuerte comienza a oírse el crujir de la estructura de la gobernabilidad; esto responde al temblor que producen los huérfanos de representación mientras buscan fisuras donde canalizar sus demandas.

Un ejemplo de ello es reconocible con apenas repasar el proceso que precedió a la explosión económica, política y social que tuvo lugar en la Argentina del 2001. Desde la recuperación de la democracia, cada día eran más los agentes en espacios de representación que cedían ante la presión corporativa y preferían dar la espalda al pueblo antes que renunciar a los privilegios. La aplicación de medidas antipopulares, no obstante, continuaba fogueando las demandas de las mayorías. Frente a la prolongación de ese contexto, la ciudadanía abandonó su posición pasiva para accionar por sí misma, sin mediadores que interpretaran sus propios reclamos. “¡Que se vayan todos!”, fue el síntoma más fiel de esa realidad. La gobernabilidad para este extremo había pasado a ser un concepto de diccionario simplemente. Y la política, en efecto, una mala palabra.

De cara a esa apatía por lo político, hay quienes (cínica o bien intencionadamente) conciben a la banalidad como un método de aproximación a las masas. Aunque el principal dislate de esa estrategia, efectiva por cierto, reside en que el alcance de afinidad hacia las mayorías populares no implica en sí mismo un acto de representatividad; sino que se trata solo un lazo delgado forjado al calor de lo insípido que así como se establece, se rompe. En lugar de eso, es indispensable construir puentes entre lo público y lo privado que sean capaces de traducir las preocupaciones privadas en temas públicos y de identificar en lo público intereses privados. En la sociedad actual, la dialéctica entre ambas partes se reduce a experiencias aisladas y explosivas, las cuales son ocasionadas por la masificación de aspectos personales –como en el caso de los asuntos domésticos-, o por la convergencia temporal de las singularidades –en los casos de la solidaridad (tragedias), la pasión (competencias) o de la hostilidad contra sujetos que el conjunto de privados considera enemigos públicos. Todos esos puentes descartables configuran un punto de contacto momentáneo entre las piezas, pero no hacen otra cosa que postergar las demandas más profundas. Una vez desmantelado el nexo, las voluntades por asumir la construcción de nuevas conexiones más fuertes se diluyen poco a poco; originado esto en gran medida por el tremendo uso de las energías en un hecho intenso y esporádico.

Para sortear esa emboscada y constituir un verdadero avance como sociedad, el compromiso a asumir es el de levantar puentes fuertes y estables por los cuales se canalicen las demandas de ambas costas.

Ello requiere que quienes ocupan espacios de representación ponderen la representatividad colectiva de sus actos por encima de sus intereses individuales.

Así, y solo así, se aportaran las condiciones necesarias para la gobernabilidad.

Por: Ivan Di Sbato