ResoluciónCon la iniciativa del Diputado de la Provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Juan Ignacio “Cote” Rossi y el acompañamiento de Lucia Portos, Lauro Grande y Miguel Funes todos Diputados del FpV, se presentó este lunes un Proyecto de Resolución expresando su mas enérgico repudio a la Resolución 142/16 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por medio del cual se autoriza a los consejos escolares a contratar personal para atender las necesidades de limpieza de los establecimientos educativos afectados por los legítimos reclamos gremiales.

La resolución 142/16 de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Bueno Aires, firmada por el director Alejandro Finocchiaro, es manifiestamente inconstitucional. Se trata de una maniobra espuria para delegar en los distritos, a través de los Municipios y los Consejos Escolares, la responsabilidad de solucionar un conflicto gremial que es de absoluta responsabilidad del poder ejecutivo provincial.
Esto sucede en el marco de un conflicto gremial legítimo por parte de los empleados no docentes encargados de las tareas de limpieza y ordenanza, que mediante la medida de fuerza reclaman mejores salarios para paliar la inflación galopante actual. Con esta norma se “faculta” a los Municipios y los Consejos Escolares a contratar personal que realice las tareas de limpieza aludidas. Esto enmascara el objetivo del gobierno provincial de trasladar a estos entes la responsabilidad por la prestación de un servicio que le es ineludible. Para empezar, en los fundamentos hace referencia a la protección de los derechos del niño por parte del estado. Con tal excusa se pretende avasallar los derechos inalienables de los trabajadores y violentar el principio protectorio. Es cierto que las normas de alta jerarquía citadas por el director Alejandro Finocchiaro, resuelven ante un conflicto de intereses la primacía del interés superior del niño por sobre cualquier otro. Pero en el presente caso se trata de un órgano del estado que invoca su propia torpeza. No hay tal conflicto entre el reclamo legítimo de los trabajadores y los niños, sino en la medida de la inoperancia del poder del estado que debe resolver el conflicto gremial. Ahora la solución que propone el gobierno provincial es, con fundamento en una situación creada por su propia ineptitud, pretender que otros órganos del estado municipal lo sustituyan en su deber ineludible de prestar el servicio de educación con las adecuadas condiciones de salubridad e higiene. Además con esta medida se traslada la responsabilidad por la seguridad y la integridad física de las niñas y niños que acuden a nuestras escuelas. Pues el servicio que prestan los no docentes lo hacen accediendo a tales funciones en base a parámetros objetivos de idoneidad. Esta selección la realiza la provincia, siendo su responsabilidad eventual por el hecho de los agentes que ocasionen daños y perjuicios. En el plano económico, también hay que destacar que esta norma supone una carga adicional para los consejos escolares y municipios, pues implica realizar erogaciones que no fueron previstas presupuestariamente. Reiteramos una vez más, todo ello para cumplir con un servicio que es responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires.